Texas, Estados Unidos
Un juez estadounidense detiene temporalmente la aplicación de una controvertida ley texana que autorizaba a las autoridades policiales a detener y expulsar a migrantes sospechosos de ingresar ilegalmente a Estados Unidos. La medida, programada para entrar en vigor el 4 de marzo, es catalogada como una de las más drásticas en la historia del país.
La polémica ley (SB 88-4) fue demandada por grupos de derechos civiles liderados por la ACLU en diciembre pasado, argumentando su inconstitucionalidad al violar la supremacía de la ley federal sobre las regulaciones estatales de inmigración.
El gobernador de Texas, Greg Abbott, principal impulsor de la medida, anuncia su intención de apelar inmediatamente, alegando la necesidad de defender al estado de la “invasión en nuestra frontera sur” y expresando su intención de llevar el caso hasta la Corte Suprema.
Los defensores de los migrantes advierten sobre la discriminación racial, especialmente contra los hispanos, y señalan que la ley convertiría en delito menor el ingreso irregular al estado, con posibles penas de hasta 20 años de prisión para infractores reincidentes.
La Corte Federal del Distrito Oeste de Texas emite una decisión temporal suspendiendo la entrada en vigor de la ley, coincidiendo con la visita del presidente Joe Biden y del expresidente Donald Trump a la frontera sur del estado para abordar temas de inmigración en sus campañas electorales.
Gobiernos locales, como el de El Paso, participan en la demanda contra la ley, argumentando que impondría una carga financiera indebida a los contribuyentes locales y podría violar los derechos civiles de los residentes fronterizos.
Domingo García, presidente de Lulac, acusa a los líderes republicanos de ser “cómplices de los traficantes” y les insta a trabajar en un plan de inmigración bipartidista para abordar la crisis humanitaria en la frontera.
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